A pesar de un crecimiento limitado y rendimientos poco impresionantes en el último trimestre, el sector DeFi ha tenido un brillo de esperanza con el surgimiento de Liquid Staking. Sin embargo, se avecinan nubes negras, gracias a las nuevas propuestas legislativas del Senado de los EE.UU..
El Senado de los EE. UU. ha presentado un nuevo proyecto de ley que pretende combatir el lavado de dinero, los delitos facilitados por criptomonedas y las violaciones de sanciones. Este proyecto de ley apunta a someter a los servicios DeFi a las mismas obligaciones de cumplimiento de sanciones económicas y antilavado de dinero (AML) que otras entidades financieras, como plataformas centralizadas de comercio de criptomonedas, casinos e incluso casas de empeño.
La meta es aumentar la responsabilidad y seguridad en la industria de las criptomonedas, frenando al mismo tiempo las actividades ilícitas asociadas con estas.
El gobierno de los EE. UU. está preocupado de que DeFi se haya convertido en un conducto para malhechores, incluidos delincuentes, narcotraficantes y actores estatales hostiles, como Corea del Norte, para transferir y lavar fondos ilícitos.
La propuesta del proyecto de ley, conocida como Ley de Mejora y Aplicación de la Seguridad Nacional de Activos Criptográficos (CANSEE), busca abordar estos problemas.
Si se aprueba, la legislación especifica que las personas que controlan un proyecto serán responsables si una persona sancionada, como un oligarca ruso, utiliza un servicio DeFi para evadir las sanciones de EE. UU. Cuando no exista un control centralizado, cualquier entidad que invierta más de USD 25 millones en el desarrollo del proyecto DeFi asumirá la responsabilidad de cumplir con estas obligaciones.
La Ley CANSEE también obligaría a los operadores de quioscos criptográficos (cajeros automáticos criptográficos) a mejorar la trazabilidad de los fondos mediante la verificación de las identidades de todas las partes involucradas en cada transacción.
Sin embargo, esta propuesta ha sido recibida con críticas en la comunidad cripto. El Crypto Council for Innovation (CCI) ha señalado que la propuesta carece de un marco práctico para abordar de manera efectiva las finanzas ilícitas dentro de estos sectores.
Además, han señalado la ambigüedad que rodea la definición de “control” y la inclusión de un umbral de valoración arbitrario de 25 millones de dólares como áreas de preocupación.
La regulación es una parte necesaria del crecimiento de cualquier industria, pero necesita ser implementada de una manera que promueva la innovación, en lugar de sofocarla. Con las propuestas actuales que levantan más preguntas que respuestas, solo el tiempo dirá cómo evolucionará esta situación y cuál será su impacto en el sector DeFi.
Fuente: ambcrypto.com
